Como ya hemos declarado reiteradamente en diversos foros y, en particular, ante la Dirección General de Vivienda y la propia Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, la vivienda protegida en Aragón se encuentra prácticamente paralizada, sufriendo enormes retrasos, debido al procedimiento seguido por los funcionarios técnicos encargados de la tramitación de los expedientes al adoptar el criterio de extender la actividad de control, comprobación e inspección de los edificios de vivienda protegida a toda reglamentación, constructiva, técnica o urbanística aplicable y, en particular, a la evaluación de las soluciones alternativas planteadas en fase de Proyecto o de ejecución de obras.
